Cada vez se hace más insostenible los hostigamientos y amenazas que padecen los pueblos originarios y sus
descendientes en el territorio Esequibo por parte de las grandes empresas
trasnacionales mineras y madereras que son aupadas por el gobierno de la Guyana Británica. A como de lugar pretenden desplazarlos de sus
históricos asentamientos, por ser estas áreas la de mayor riqueza natural. Dichas etnias de la denominada población
amerindia habitan desde mucho antes de la colonia en esos bosques y sabanas. Condición que les
permitió a lo largo de los tiempos vivir
prácticamente aislados hasta mediados del siglo XX, logrando así mantener esos
ecosistemas donde se establecieron como una región virgen.
En la actualidad, la carrera desenfrenada de la Guyana Británica
por entregar el territorio del Esequibo a trasnacionales para la explotación
maderera y minera ha traído como consecuencia una expansión indiscriminada debido
a la agresiva deforestación e impacto desmedido en todos los ecosistemas del
ultimo pulmón verde del noreste de Suramerica.
Desplazamiento, destrucción
de asentamientos amerindios, contaminación de sus ríos, la pérdida de agua
potable y la afectación a la pesca y caza de supervivencia, es el aporte de la actual
actividad minera. No existe un real
estado de derecho que los proteja de la presión de las compañías mineras
foráneas.
Los 63 asentamientos amerindios
formados por los grupos
Akawaio, Arekuna, Kariña, Lokono, Makushi, Patamona, Wai Wai, Wapishana y Warau y sus dos distritos especiales, en una
extensión de 69 mil 200 kilómetros
cuadrados, son simples pisatarios de unas tierras ancestrales sin ningún tipo
de autoridad para frenar a los mineros, porque no tienen derecho a los bienes del
subsuelo. Salvo alguna
excepción, como el pueblo Wai Wai que es dueño de su tierra, la mayor parte de
los pueblos amerindios viven en una lucha continúa por la recuperación de sus originales
tierras ya que no se les reconocen los derechos sobre el lugar en el que
habitan y de donde han vivido milenariamente.
En una acción casi
simbólica, en el 2012, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial
recomendó al gobierno guyanés revisar su práctica de otorgar permisos y
concesiones mineras en zonas de comunidades originarias sin obtener el
consentimiento de quienes viven allí.
Recomendación que pasó ha ser un saludo mas a la bandera de la
impunidad.
Difícil pretender conciliar los
intereses ilegales de mineros y madereros y las demandas de las comunidades
aborígenes, de los defensores del uso sostenible de los recursos naturales y la
protección del ambiente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario