En el recibo de la luz figura nuestro nombre, pero no figura quién manda. Pagamos cada mes por una energía cuyo origen, cuyo precio y cuyo destino se deciden en otra parte, y hemos aprendido a vivir con eso como si fuera natural. No lo es. La forma en que una sociedad produce y distribuye su energía condiciona, en gran medida, su economía, su política y su cultura. Y hay una regla sencilla que lo resume: energía concentrada, gente obedeciendo; energía distribuida, gente decidiendo.
Durante dos siglos construimos el mundo sobre lo que podíamos quemar, y el carbón, el gas y el petróleo salen de lugares concretos: una mina, un pozo, un puerto. Quien controla esos puntos controla a todos los demás, porque toda la energía tiene que pasar por ahí. El Sol es otra cosa. Nadie lo posee en su origen y su luz cae cada día sobre techos, balcones y campos. Eso abre una posibilidad histórica, pero no una garantía. Un panel solar no es emancipador por sí mismo: en manos de una corporación es un latifundio con otro color, y en manos de un hogar o de una cooperativa de vecinos es autonomía. El problema nunca fue la fuente sino el contrato de propiedad que la sostiene. Por eso el Solarismo propone cambiar de dueño y no solo de combustible, y rechaza lo que podríamos llamar extractivismo verde.
El Teorema de Cardozo lo expresa con una fórmula, Cp = [1 − H(W)/Hmax] × P: la concentración del poder depende de cuán centralizada esté la red y de cuán concentrada esté la propiedad. Pero no hace falta ser ingeniero para usarlo. Se traduce en cinco preguntas que cualquier asamblea, sindicato o grupo de vecinos puede hacerle a un proyecto de energía.
La primera es quién es el dueño: de los paneles, de las baterías, de la red y de las ganancias. La segunda es quién administra, porque producir entre muchos de poco sirve si las decisiones sobre cuándo almacenar, cómo repartir y qué financiar siguen en un despacho lejano. La tercera es quién puede decir no, es decir, si la comunidad afectada tiene derecho de veto, propiedad comunitaria y reciclaje obligatorio, o si se convertirá en zona de sacrificio. La cuarta es para quién es la luz, porque la luz es un derecho y no una mercancía, y llega o no llega a campos de refugiados, barrios marginales y zonas rurales aisladas. La quinta es qué le hace a la vida, porque cambiar a electricidad solar para seguir produciendo y destruyendo sin límite sería un cambio tecnológico y no civilizatorio, y el planeta no pertenece en exclusiva a los humanos.
Aquí conviene una aclaración que a este lector le importa. Un dueño único puede ser una multinacional, pero también puede ser un aparato estatal que gestione la red como una caja central, sin que nadie de abajo tenga voz. El medidor no pregunta si algo es público o privado; pregunta quién decide. El Solarismo no apuesta por comunidades aisladas ni por una planificación central sin participación, sino por la escala justa: una donde las comunidades afectadas tengan voz y los beneficios se repartan. La luz no es otra frontera que conquistar, es un común que se gestiona democráticamente.
Nada de esto es sencillo ni puro. Los paneles y las baterías requieren minerales, y su extracción puede repetir viejos abusos. No hay tecnologías inocentes; hay decisiones justas o injustas sobre cómo usarlas. Por eso las reglas importan tanto como los equipos: producción circular, reciclaje, propiedad comunitaria y derecho al veto. Y por eso la pregunta no es cuántos megavatios tendrá un proyecto, sino en manos de quién queda.
No hay una civilización de la luz que esperar sentados. Hay cooperativas que se pueden formar, techos que se pueden compartir, proyectos a los que se les puede preguntar a quién pertenecen. La próxima vez que se anuncie una obra de energía en nuestro barrio, nuestro sindicato o nuestra región, conviene empezar por ahí: ¿quién será el dueño de esa luz, y quién decidirá sobre ella?
Lubio Lenin Cardozo
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