: ¿una energía limpia es automáticamente una energía justa?

Un día llega una empresa a tu pueblo con una propuesta: va a instalar paneles solares, traerá desarrollo y hablará de futuro limpio. Todo suena bien, y en parte lo es, porque la energía solar es una buena noticia para el planeta. Pero la pregunta que muchas comunidades se hacen demasiado tarde es otra: ¿una energía limpia es automáticamente una energía justa?

No lo es. Un panel no es emancipador por sí mismo. En manos de una corporación es un latifundio con otro color; en manos de un hogar o de una cooperativa de vecinos es autonomía. No es el silicio lo que libera, sino quién tiene la propiedad. De ahí nace una herramienta sencilla que cualquier comunidad, cooperativa u organización puede usar frente a cualquier proyecto: cinco preguntas.

La primera: ¿quién es el dueño? Pregunta por los dueños de los paneles, de las baterías y de la red, y por quién se queda con las ganancias. Si la respuesta es una sola empresa lejana, lo que cambia es el combustible y no el poder. La segunda: ¿quién administra? Producir energía entre muchos de poco sirve si las decisiones, como cuándo almacenar, cómo repartir y qué se financia, se siguen tomando en un despacho remoto. La tercera: ¿quién puede decir no? Una comunidad con derecho a vetar un proyecto injusto, con reciclaje obligatorio de equipos y con propiedad comunitaria no se convierte en zona de sacrificio. La cuarta: ¿para quién es la luz? Un buen proyecto llega también adonde el mercado no mira: la escuela rural, el dispensario, el barrio sin servicio. La luz es para todos o no es para nadie. La quinta: ¿qué le hace a la vida? Si la transición solo sirve para consumir más y destruir más con otro tipo de electricidad, el planeta no gana nada. La energía distribuida debería servir para reducir la presión sobre la naturaleza y ampliar las posibilidades de coexistencia de todas las especies.

Hagamos la prueba con dos ejemplos imaginarios. En el primero, una empresa instala cientos de hectáreas de paneles y vende la electricidad al sistema nacional. Tiene un solo dueño, se administra a distancia, los vecinos no pudieron opinar, la luz llega a quien paga y nadie midió el efecto sobre el suelo y el agua. Falla en las cinco. En el segundo, una cooperativa de vecinos instala paneles en la escuela, el dispensario y las casas, y las baterías comunitarias guardan el excedente. Las decisiones se toman en asamblea, hay un fondo para que las familias más pobres se conecten y los equipos viejos se reciclan. Responde bien a las cinco, y no porque sea pequeño, sino porque la comunidad conserva el poder de decidir.

Conviene aclarar que el medidor no es una condena a lo grande ni una bendición a lo pequeño. Una planta de gran escala puede ser perfectamente justa si su propiedad es colectiva y hay control social real, y un proyecto comunitario puede fallar si un intermediario se apropia de todo. Lo que se mide es el reparto del poder, no el tamaño.

Si quieres usarlo, imprime las cinco preguntas, llévalas a la próxima reunión de tu comunidad o de tu organización y úsalas ante el próximo proyecto energético de tu zona, sea público, privado o mixto. Anota las respuestas y compártelas. Cuando se mide con claridad, las comunidades dejan de ser consumidoras cautivas y se vuelven protagonistas de su propia luz.

Lubio Lenin Cardozo