Cuando la falta de energía agota a la ciudadanía
Quien controla la energía que necesitas para vivir dispone de una capacidad de influencia que va mucho más allá de la economía. La electricidad permite estudiar, trabajar, conservar los alimentos, acceder al agua, comunicarse, atender la salud y desarrollar una vida digna. Cuando su suministro se vuelve insuficiente, inestable o inaccesible, no solo se interrumpen los servicios: también se restringen las posibilidades humanas.
La privación energética puede convertirse así en una forma de control social. No hace falta prohibirle a una persona que estudie, trabaje, emprenda o se organice si las condiciones materiales necesarias para hacerlo están permanentemente limitadas. La incertidumbre, las interrupciones cotidianas y el esfuerzo adicional para resolver necesidades elementales pueden reducir su capacidad de actuar sobre su propia realidad.
Una sociedad obligada a dedicar buena parte de sus fuerzas a sobrevivir dispone de menos tiempo y energía para imaginar un futuro distinto. Resolver lo urgente desplaza lo importante. El cansancio se acumula, la incertidumbre desgasta y las aspiraciones quedan relegadas ante la necesidad de superar cada jornada. No significa que las personas pierdan su voluntad de luchar, sino que deben ejercerla en condiciones cada vez más difíciles.
Aquí aparece una dimensión del poder que merece mayor atención: el agotamiento de la ciudadanía. La falta de electricidad puede traducirse en jornadas de trabajo perdidas, oportunidades educativas frustradas, dificultades para cuidar a los enfermos y obstáculos para desarrollar iniciativas propias. Cuando estas limitaciones se prolongan, la sociedad no solo pierde productividad; también ve reducidas sus oportunidades de participación, organización y transformación.
Por eso, la cuestión energética no puede reducirse a cuántas centrales se construyen, cuántos megavatios se producen o cuánto cuesta cada kilovatio-hora. También debemos preguntarnos quién decide, quién tiene acceso y quién puede producir su propia energía. La distribución de estas capacidades determina cuánto depende la vida cotidiana de decisiones sobre las cuales la ciudadanía tiene poca o ninguna influencia.
La energía solar abre una posibilidad diferente. Los sistemas fotovoltaicos instalados en viviendas, edificios y comunidades pueden acercar la producción eléctrica a quienes la necesitan, reducir determinadas dependencias y ampliar la autonomía de los hogares. Sin embargo, esta posibilidad no se realiza automáticamente: requiere acceso a la tecnología, financiación, reglas adecuadas y una distribución del control que impida reproducir las mismas concentraciones de poder bajo una fuente energética distinta.
Desde el Solarismo, esta transformación debe entenderse como algo más profundo que un cambio tecnológico. Se trata de reconsiderar la relación entre energía, ciudadanía y libertad. Disponer de un suministro suficiente y confiable permite ampliar las capacidades personales, proteger el tiempo, desarrollar proyectos y participar activamente en la vida colectiva. Garantizar un umbral energético vital significa crear las condiciones materiales para que la libertad no sea una promesa abstracta.
Quien controla la energía no controla necesariamente todos los pensamientos ni todas las decisiones de una sociedad, pero puede condicionar profundamente las posibilidades de quienes dependen de ella. Por eso, democratizar la energía significa defender la capacidad de las personas para pensar, actuar, organizarse y construir su propio bienestar. La verdadera transformación no consiste únicamente en cambiar la fuente que mueve la civilización, sino en impedir que la dependencia energética se convierta en dependencia humana.
Lubio Lenin Cardozo
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