viernes, 11 de diciembre de 2015

Territorios indígenas del Esequibo los mas vulnerables

Cada vez se hace  más insostenible los hostigamientos y amenazas que padecen los pueblos originarios y sus descendientes en el territorio Esequibo por parte de las grandes empresas trasnacionales mineras y madereras que son aupadas por el gobierno de la Guyana Británica.  A como de lugar pretenden desplazarlos de sus históricos asentamientos, por ser estas áreas la de mayor riqueza natural.  Dichas etnias de la denominada población amerindia habitan desde mucho antes de la colonia  en esos bosques y sabanas. Condición que les permitió a lo largo de los tiempos  vivir prácticamente aislados hasta mediados del siglo XX, logrando así mantener esos ecosistemas donde se establecieron como una región virgen.

En la actualidad,  la carrera desenfrenada de la Guyana Británica por entregar el territorio del Esequibo a trasnacionales para la explotación maderera y minera ha traído como consecuencia una expansión indiscriminada debido a la agresiva deforestación e impacto desmedido en todos los ecosistemas del ultimo pulmón verde del noreste de Suramerica.
Desplazamiento, destrucción de asentamientos amerindios, contaminación de sus ríos, la pérdida de agua potable y la afectación a la pesca y caza de supervivencia, es el aporte de la actual actividad minera.  No existe un real estado de derecho que los proteja de la presión de las compañías mineras foráneas.

Los 63 asentamientos amerindios formados por los grupos Akawaio, Arekuna, Kariña, Lokono, Makushi, Patamona, Wai Wai, Wapishana y Warau y sus dos distritos especiales, en una extensión de  69 mil 200 kilómetros cuadrados, son simples pisatarios de unas tierras ancestrales sin ningún tipo de autoridad para frenar a los mineros, porque no tienen derecho a los bienes del subsuelo. Salvo alguna excepción, como el pueblo Wai Wai que es dueño de su tierra, la mayor parte de los pueblos amerindios viven en una lucha continúa por la recuperación de sus originales tierras ya que no se les reconocen los derechos sobre el lugar en el que habitan y de donde han vivido milenariamente.
En una acción casi simbólica, en el 2012, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó al gobierno guyanés revisar su práctica de otorgar permisos y concesiones mineras en zonas de comunidades originarias sin obtener el consentimiento de quienes viven allí.  Recomendación que pasó ha ser un saludo mas a la bandera de la impunidad.
Difícil pretender conciliar los intereses ilegales de mineros y madereros y las demandas de las comunidades aborígenes, de los defensores del uso sostenible de los recursos naturales y la protección del ambiente.


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